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CCAMLR: CONVENIO PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS MARINOS VIVOS DE LA ANTARTIDA
La Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártida (CCAMLR) es responsable de la gestión de las pesquerías en el Océano Austral. Desde que esta organización entró en funcionamiento en 1982, no ha conseguido alcanzar sus objetivos y se ha mostrado incapaz de asegurar el cumplimiento de medidas de conservación y gestión para proteger el Océano Austral. CCAMLR esta formado por 23 naciones (Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Federación Rusa, Francia, India, Italia, Japón, , Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Suráfrica, Suecia, Reino Unido, República de Corea, Ucrania, Unión Europea y Uruguay, y celebra su reunión anual durante el mes de noviembre en Hobart, Australia. En los últimos años, CCAMLR y sus gobiernos miembros han perdido el control sobre las pesquerías. Lentamente, la pesca ilegal y no regulada esta minando los esfuerzos para conservar la biodiversidad de este océano. La mayor amenaza para el Océano Austral, y el mayor desafío para CCAMLR, es la pesca ilegal, no regulada y no declarada. Esta pesca, también llamada “pesca pirata”, esta conduciendo al bacalao de profundidad (también conocido como Patagonian toothfish) a la extinción. En la XVII reunión de CCAMLR de 1998, el ministro de Medio Ambiente australiano, el senador Robert Hill, señaló la necesidad de tomar medidas urgentes para detener la pesca pirata. “Si continua el saqueo, el mundo perderá un valioso recurso natural y económico al conducir los stocks pesqueros a la extinción comercial. La pesca ilegal esta también acabando con un enorme número de aves marinas, incluyendo miles de los amenazados albatros. Tanto los stocks pesqueros como los ecosistemas no serán capaces de recuperarse en las próximas décadas, y eso si llegan a conseguirlo”. En su reunión anual de 1999, CCAMLR estimó que en la mayoría de las áreas que regula la Convención, entre el 30 y el 100% del bacalao de profundidad era capturado por palangreros ilegales y no regulados. Los principales importadores de este pescado son Japón y Estados Unidos, donde cada pieza alcanza valores de más de 1.000 dólares. A pesar del reconocimiento general del serio problema que la pesca ilegal está ocasionando en el Océano Austral, CCAMLR no ha sido capaz de emprender las acciones necesarias para acabar con esta amenaza. En la reunión de 1998, a pesar del interés demostrado por países como Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos, la única medida que se adoptó fue la obligatoriedad de llevar sistemas de monitorización (control y seguimiento) en las embarcaciones. Desgraciadamente, esta medida no entrará en vigor hasta finales del año 2000 y en si misma no es efectiva para acabar con la pesca pirata. El mayor problema para CCAMLR es la dificultad que tiene este organismo para operar. Muchos de los países problemáticos son, de hecho, miembros de CCAMLR. Esto les permite poner difíciles las cosas a la Convención a la hora de realizar progresos reales para acabar con la pesca ilegal. Parece ser que la Unión Europea y España son sus principales protectores. En la reunión de 1999, CCAMLR acordó un Plan de Documentación de Capturas (Catch Documentation Scheme, CDS) para el bacalao de profundidad. Este documento podrá resultar válido como medida a largo plazo para una mejor gestión de las pesquerías del Océano Austral. El Plan requerirá que los miembros de CCAMLR aseguren que todas las entradas de bacalao de profundidad en sus mercados provengan de fuentes certificadas, esto es, que su captura se haya producido de acuerdo con las medidas de conservación de CCAMLR. Desgraciadamente, el Plan no consigue, por si mismo, asegurar sus propios objetivos. Es necesario establecer los mecanismos de control, a través de un organismo internacional de comercio, que CCAMLR en estos momentos no tiene. Greenpeace considera que CITES (Convención Internacional sobre Flora y Fauna Amenazada) es el organismo que puede cumplir esas características. La pesca ilegal, no regulada y no declarada es en gran parte realizada por barcos que ondean banderas de países que no son miembros de CCAMLR. Sin embargo, a menudo, los beneficios obtenidos van a parar a compañías establecidas en países miembros de CCAMLR. Más del 90% del bacalao de profundidad es comercializado en países miembros de CCAMLR, sobre todo en Japón y Estados Unidos. CCAMLR puede conseguir prohibir el comercio internacional de bacalao de profundidad capturado ilegalmente mediante el establecimiento de un sistema de certificados de origen. Este certificado seria exigido por todas las autoridades gubernamentales para validar el origen y la legalidad de todas las exportaciones e importaciones de esta especie. Durante 1999, el Gobierno australiano preparó y distribuyó entre los estados afectados una propuesta para proteger al bacalao de profundidad bajo el Convenio CITES. Dicho organismo se reúne sólo cada 2-3 años y la próxima reunión será en abril del 2000, en Kenia. 150 países participarán en la próxima reunión de CITES. Sus miembros tienen los mecanismos para reforzar las regulaciones en el comercio. Desgraciadamente, el Gobierno australiano decidió que con la existencia del documento CDS, no era necesario continuar intentando que el bacalao de profundidad entrara a formar parte de las listas de especies amenazadas de CITES. Pero CITES, con muchos más miembros que CCAMLR, es la base esencial para el CDS. Entre sus miembros se incluyen todos los estados involucrados en el comercio del bacalao de profundidad y nuevos mercados potenciales, como China y Tailandia. CCAMLR está restringida a 23 miembros, y no puede obligar a los estados no miembros a participar en el CDS. Greenpeace hace un llamamiento a CCAMLR para que apoyen las siguientes iniciativas para acabar con la pesca ilegal en el Océano Austral: Moratoria y Prohibición del Comercio Internacional. Greenpeace cree que CCAMLR debería declarar y apoyar una moratoria en la pesca del bacalao de profundidad. La moratoria debería estar vigente hasta que la pesca ilegal, no regulada y no declarada, haya desaparecido, y se haya evaluado el stock restante, así como su capacidad para soportar una pesquería comercial. Al mismo tiempo, deben establecerse regulaciones para gestionar adecuadamente estas pesquerías. La moratoria necesita estar apoyada por una prohibición de la comercialización del bacalao de profundidad, lo que significa que esta especie sea incluida dentro de las listas de protección de CITES en el Apéndice I, es decir, que se prohiba su comercio internacional. Sistemas obligatorios de monitorizacion en las embarcaciones. Los sistemas de localización por satélite en los barcos permitirían a los gobiernos realizar un seguimiento de todas las embarcaciones legales que operen en el Océano Austral. Todos los barcos deben llevar obligatoriamente sistemas de monitorización. CCAMLR ha aprobado ya esta medida, pero no se hará efectiva hasta finales del 2000. Prohibición de acceso a los puertos para los barcos pesqueros ilegales. Todos los países deben prohibir a los barcos pesqueros ilegales el uso de sus puertos. Las embarcaciones que no tengan instalados sistemas de monitorizacion y no puedan probar que estaban pescando legalmente, deben tener prohibido el acceso a los puertos.
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